“A los que andan con drogas los voy a matar”. Fue una de las frases para el bronce que dejó Rodrigo Duterte cuando resultó electo como nuevo presidente de Filipinas. Y aunque no es para enorgullecerse ni para aplaudirlo (sino todo lo contrario), el hombre parece estar cumpliendo su palabra: en los cuatro días posteriores a su asunción al poder, la policía mató a 30 presuntos narcotraficantes.
Eso no es todo. En los últimos 100 días han muerto más de 100 personas vinculadas a tráfico de drogas, robos de automóviles y violaciones sexuales. Solo el domingo 3 de julio cinco traficantes cayeron abatidos en un enfrentamiento con la Policía cerca del palacio presidencial.
«Mis hombres iban a llevar a cabo una serie de arrestos cuando comenzaron los disparos desde una de las casas en el área», explicó sobre este último episodio Oscar Albayalde, jefe policial en la región de Manila.
Como era de esperarse, la retórica incendiaria de Duterte y su apología de las ejecuciones extrajudiciales han encendido las alarmas entre abogados y defensores de los derechos humanos, quienes han comenzado a recordar la sombra del autoritarismo en el país.
«El tráfico de drogas debe parar, así como la ejecución de presuntos traficantes y consumidores que aparecen de forma repentina, artificial y predecible», ha dicho Edre Olalia, secretaria general de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo, para quien «ambas cosas no son compatibles».
