El pasado 11 de diciembre varios agentes de la PDI allanaron un cultivo gestionado por el Club Cannábico Maconha (CCM Dispensary) situado en la región de Linares, en el que se incautaron más de 1000 plantas de cannabis destinadas al uso medicinal. Los agentes trataron de entrar sin éxito en la mañana, por lo que volvieron con una orden de registro e incautación autorizada por un juez.
La legalidad sobre los clubes y dispensarios cannábicos en nuestro país siempre está rodeada de polémicas. La ley 20.000 expresa que el cannabis es una sustancia controlada de la que se prohíbe la venta, pero permite el autocultivo o el cultivo colectivo para uso medicinal con receta médica. Si la persona o agrupación que está desarrollando un cultivo puede demostrar que el fin no es traficar en el mercado negro y que el producto final será destinado a cubrir necesidades relacionadas con la salud pública, no tendría por qué existir ningún problema con la justicia.
El artículo 8 de esta ley expresa que hay excepciones a las sanciones por cultivo de cannabis, estableciendo que este debe ser solamente para fines personales, exclusivos y próximos en el tiempo, sin embargo, no exige que el cultivo deba ser individual. La Corte Suprema, ya determinó en un conocido fallo que el cultivo para uso personal no concertado es legítimo.
Sin embargo, mientras que se permite el consumo privado, el cultivo colectivo o individual sigue siendo perseguido, por lo que muchas asociaciones y clubes cannábicos exigen que se cree una nueva ley de cultivo seguro, que ampare y proteja las plantaciones destinadas al consumo medicinal de sus socios.
Otro de los supuestos requerimientos para plantar, es tener el permiso del SAG, que de las 42 solicitudes que recibió en 2017, solo aprobó 7 a organizaciones como Fundación Daya, Alef Biotechnology, Agrícola Fina y Sociedad Agrofuturo Limitada.
CCM Dispensary
El dispensario empezó a funcionar a finales del 2017, atendiendo los requerimientos de solo 300 socios –porque recibieron más de 2000 solicitudes-. Nació como una asociación sin fines de lucro ligada al Club Cannábico Maconha y su administrador, Marceaux Jeauffet, siempre ha expresado que tanto el club como el dispensario tienen todos los permisos requeridos por el gobierno y que además son fiscalizados por el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Santiago e incluso por Carabineros.
El dispensario, situado en el centro de Santiago, ha estado funcionando y dispensando cannabis a sus socios, que para formar parte del organismo, deben presentar 4 documentos: su cédula de identidad, una receta médica emitida por un médico en ejercicio en la república de Chile, el registro de antecedentes penales y el formulario que requiere la organización. Además, los socios solo pueden recibir la cantidad de cannabis que necesitan para una semana de tratamiento, evitando que se pueda producir cualquier tipo de microtráfico con la sustancia.
Con este allanamiento e incautación de más de 1000 plantas, el dispensario se enfrenta a la imposibilidad de entregar las dosis de sustancia medicinal a sus pacientes correspondientes al mes de diciembre.
La vida después del decomiso
CCM Dispensary no es el único organismo que ha sufrido la incautación de cultivos. A lo largo de todo el país, cientos son las noticias de allanamientos en propiedades privadas que terminan con el decomiso de las plantas del propietario, sean cultivos individuales o colectivos. Sin embargo, las asociaciones cada vez son más fuertes y están organizadas, y consiguen sobrevivir pese a la pérdida de sus cosechas.
Luis Quintanilla es el presidente de Dispensario Nacional y sabe bien de lo que estamos hablando. El pasado 13 de agosto, por una denuncia y una orden verbal de un juez, la policía entró en el cultivo colectivo de la asociación y se llevaron todo. Todo apunta a que, según la ley 20.000, el consumo privado está permitido, pero no el cultivo privado: “la ley toma el cultivo de cannabis como algo peligroso. El problema ahora con las asociaciones, dispensarios y clubes, es que existe una inseguridad jurídica en torno al cultivo, la ley dice que el consumo privado está permitido, pero no podemos cultivar en privado, ahí está el vacío legal”, comenta Quintanilla.
Sin embargo, Dispensario Nacional, ha seguido funcionando pese a las adversidades, todo gracias a una cosa: los socios. “La única manera por la que nosotros hemos podido seguir funcionando post allanamiento, ha sido gracias al alto compromiso de los socios, que pudieron entender la diferencia entre un cultivo colectivo y un dispensario californiano que es exactamente lo que esto no es, esto no es retail de marihuana”, cuenta Quintanilla.
Los socios han seguido manteniendo sus cuotas pese a saber que los meses de decomiso no iban a poder recibir su medicina. Confían en la organización y ponen todo el esfuerzo para que se puedan desarrollar nuevos cultivos y así seguir con sus tratamientos.
Pero el problema que parece abarcar a toda asociación, dispensario o club no es otro que la falta de una regulación por parte del gobierno nacional. Una ley de cultivo seguro es necesaria, ya que si no, “seguro que estos decomisos van a seguir ocurriendo y por eso hay una necesidad inmediata de que se haga ruido sobre este tema para que no sigan viendo vulnerados los derechos de muchos más pacientes que pertenecen a otros dispensarios”, remarca Quintanilla.
Debido a la situación de irregularidad imperante de norte a sur, ya existe un grupo de dispensarios que se están uniendo para crear una federación con el propósito de auto regularse. Ya están definiendo un manual de buenas prácticas, reglamento interno y otra serie de documentos para facilitar la tarea de la generación de una ley segura para el usuario medicinal y recreativo.
