Manuela Royo, precandidata constituyente: «La ley 20 mil es muy arbitraria, no tiene un margen legal y debe ser reformulada»

Mujer, mamá, feminista y con una larga historia de trabajo social, Manuela Royo (37 años) es precandidata constituyente por el distrito 23, apoyada por el Movimiento de Defensa del Agua, Territorio y Medio Ambiente (Modatima). Para Manuela, “una nueva Constitución debe plasmar los principios de un estado democrático y social de derechos que reconozca como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad y la promoción de la igualdad material de mujeres y hombres y su relación indisoluble con la naturaleza”.

Abogada de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en derecho de la Universidad de Talca, candidata a doctora y profesora de derecho constitucional y pueblos indígenas en derechos humanos, Manuela ha liderando causas relacionada con la ecología y vulneración de derechos del pueblo mapuche; desde los años 2000 ha realizado una importante labor territorial en Santiago y en las luchas sociales de pobladores, en la defensa del derecho a la educación como integrante del Cordón Popular de Educación, o en la defensa de la infancia como integrante del Colectivo Alex Lemun en el barrio Lo Hermida en Santiago.

El 2015 denunció al Estado Chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violencia ejercida en contra niñas y niños mapuches; durante dos años trabajó en la defensoría penal mapuche, donde asumió la defensa del caso Luchsinger, siendo apartada de su cargo por denunciar el racismo de la fiscalía en contra de la Machi Francisca Linconao y de comuneros falsamente acusados; Junto a la Alianza Territorial Mapuche (ATM) y el Lonko Alberto Curamil (premio Goldman el año 2019), lograron detener dos proyectos de centrales hidro-eléctricas del río Cautín, en el año 2018, río considerado sagrado para esta cultura.

La trayectoria de Manuela nos habla de una lucha incansable a lo largo del tiempo, por la dignidad, la igualdad y la libertad. El suyo es también un impulso feminista, que contiene con una mirada diversa y plurinacional, una mirada profundamente comprometida con el medio ambiente.

A propósito de este consecuente caminar, diversas organizaciones de la sociedad civil la han postulado para ser parte del nuevo órgano redactor de la Constitución. Manuela decidió tomar este desafío por un país más digno e igualitario y cree firmemente que puede ser en un gran aporte y estar a la altura de lo que está exigiendo la ciudadanía. Es un desafío que comienza.

¿Cuál es tu lectura del retraso que hubo en la elección del número de escaños reservados para el proceso constituyente?

Si bien me parece importante que se esté debatiendo en torno a la participación de los pueblos indígenas dentro de este proceso constituyente; Creo que finalmente sigue siendo una invitación para “jugar en una cancha ajena”con lógicas coloniales en su conformación. Donde se sigue manteniendo una perspectiva monocultural respecto al derecho, y eso trasciende no sólo a la incorporación de estos cupos, sino que, a los derechos colectivos, a los derechos de la naturaleza y los derechos territoriales. Entonces, es una inclusión dentro de un marco muy acotado. Lo importante es el tema de la plurinacionalidad y la reparación de los derechos de los pueblos originarios que tiene que ser transversal en el debate constitucional.

¿Y cómo avanzamos hacia ese estado plurinacional?

Uno es el reconocimiento de los derechos territoriales respecto a los pueblos indígenas. Lo cual es el sustento de su vida material, espiritual y cultural. Además, la liberación del Wallmapu como un tema prioritario, como así el reconocimiento de los derechos de participación política y al derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas. A veces, me toca litigar en la Corte de Apelaciones de Temuco y hasta el baño tiene traducción en mapudungun, pero si uno pide que apliquen condena 169 o que se utilicen argumentos relacionados con la cultura, sucede que es muy poco valorado. Este ejemplo de las traducciones demuestra que puede haber una inclusión retórica, pero en la práctica lo importante es la retribución del territorio y el reconocimiento de los derechos culturales y medioambientales de los pueblos indígenas.

¿Qué otras razones impulsan tu candidatura a ser constituyente?

Lo más importante tiene que ver con el derecho a la vida digna como un estándar mínimo y desde ahí puedes comprender el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera. También la búsqueda por el reconocimiento de que hoy día tiene que existir una constitución que sea ecológica. Esto quiere decir que exista justicia ambiental, que el derecho al agua tiene que ser considerado un derecho humano y que además tienen que existir mecanismos de participación que sean vinculantes con las comunidades respecto a su territorio. Hoy en Chile no existe ninguna defensoría del medioambiente, por lo que, si tú quieres realizar una demanda por el daño ambiental, tienes que contractar tu propio abogado y muchas comunidades no tienen los recursos.

¿Qué factores debemos considerar para hablar de una Constitución ecológica?

Una Constitución ecológica tiene que basarse en diferentes principios y fundamentos, por ejemplo, reconocer la justicia ambiental, la justicia inter e intrageneracional, y los derechos a la naturaleza como sucede en otros ordenamientos jurídicos. Es importante gestionar espacios que permitan la participación y la deliberación vinculante de las comunidades dentro de estos procesos de capacitación medioambiental. Así como también que existan espacios en que puedan hacerse plebiscitos o referéndums respecto a temas relacionados al medio ambiente. Sin todo lo anterior, no tiene ningún sentido avanzar. Ahí también se atraviesa el tema de la plurinacionalidad porque obviamente hay que reconocer que existen territorios indígenas donde los pueblos originarios tienen derechos a ser consultados, un aspecto que no sucede hoy día.

Quizás hoy tenemos la oportunidad de vincular el conocimiento que tienen los pueblos originarios y la cosmovisión de ellos con la protección de la naturaleza en nuestra Constitución.

Claro, y de hecho hay dos hechos claves que debemos considerar: La Constitución ecuatoriana del año 2011, y la Constitución de Bolivia del año 2009 en el que se reconocen el buen vivir como un principio fundamental. Este buen vivir es un concepto que emana de la filosofía andina del sumak kawsay donde se reconoce esa relación de interdependencia entre las personas y la naturaleza. Por ejemplo, en Colombia se reconocieron los derechos del río Choco a partir de los principios bioculturales que establecen los pueblos indígenas respecto a los ríos. Donde a pesar de que no sean seres pensantes, pueden ser sujetos de derechos. Así también pasa en Colombia, pasa en Nueva Zelanda, en la India, e igual algunos estados de Norteamérica.

Probablemente, más de una vez has escuchado que una nueva Constitución no va a solucionarlos la vida, pero ¿cuáles son las estrategias que tenemos que adoptar como sociedad para estimular la protección medioambiental, o profundizar en el derecho de la naturaleza?

Debemos estimular la participación y una gobernanza de las comunidades respecto a los proyectos de impacto medioambiental y a las decisiones en torno a sus territorios. Ahí estamos en una deuda que cada vez se profundiza porque en Chile no se ratificó el tratado de Escazú que consagraba la participación medioambiental. Además, hoy estamos en trámite para ratificar el ttp-11, que es un tratado trasatlántico que afecta de forma importante temas asociados al medio ambiente como, por ejemplo, la inserción de mercados de privatización de semillas. Lo que afecta derechamente la soberanía alimentaria, el tema las economías de escala de los pueblos indígenas y comunidades. Si bien la constitución no va a resolver todo, sí se pueden establecer principios de esta relación insoluble entre las mujeres y hombres y la naturaleza.

Me imagino que en este diálogo sobre una nueva Constitución, se tendrá que equilibrar la libertad económica con la protección medioambiental.

El ejercicio al derecho a la propiedad tiene un límite que es su función social y medioambiental. Y en la práctica eso nunca sucede porque siempre existe una ponderación ambiental donde prima el derecho a la propiedad desde la perspectiva neoliberal que tiene la Constitución. Ahí es importante limitar el derecho y decir que existe una función ecológica que no se puede sobrepasar y, a la vez, consagrar que hay algunos bienes que son naturales y que no son susceptibles del derecho a la propiedad. Como por ejemplo el agua. Hoy el agua no puede ser un objeto de apropiación sujeto a las reglas del libre mercado, como sucede con la Constitución del 80 y el Código de Agua del 81. Entonces, hay un momento que todo empieza a tener sentido si uno lo aborda desde esa perspectiva.

¿Cómo interpretas que el agua empezó a cotizar en la bolsa de valores de California?

Pareciera que es la continuación de una distopia. Creo que la pandemia profundizó las inequidades y las asimetrías que existen en el mundo. Por un lado, teníamos la OMS estableciendo que una persona debe tener mínimo 100 litros de agua diarios para poder lavarse las manos, pero qué pasaba con la gente que no tiene agua. 9Finalmente, como venimos planteando desde Modatima, lo que sucede en Chile no es sequía, sino que es saqueo porque hay una concentración de los derechos de agua y una privatización que genera concentración para los monocultivos de paltas, para las empresas forestales y que deja a las comunidades sin agua. El punto es que, entre más escasez de agua, mayor es el negocio para la gente que es dueña del agua, y es algo que ya estamos viendo cuando se está transando en el mercado de valores derechos sobre el agua.

La indiferencia en Chile sobre los derechos medioambientales podría extrapolarse a lo que sucede en Chile con el cannabis, porque finalmente pareciera que en el país hay una criminalización hacia la naturaleza.

En la actualidad, existe un prejuicio que ha sido construido por las políticas de drogas estatales. Por un lado, quieren engañar y establecer que el uso de marihuana significa que vas a consumir drogas duras, que serás una persona improductiva, pero nada de eso es verdad. Por eso debemos comprender lo que está sucediendo en otros lugares. Por ejemplo, Uruguay donde el consumo de cannabis, tanto recreativo como terapéutico, es legal y está permitido. Recientemente, en distintos estados de Estados Unidos se aprobó y se legalizó el uso recreativo y terapéutico del cannabis. Prohibir la utilización de una planta para relajarse y compartir, como también para quienes sanan una enfermedad, a mi juicio es incomprensible.

¿Crees que se pueda abordar en la actual conversación constituyente la regulación sobre cannabis?

Yo asocio el consumo de cannabis a un tema de salud. Y no solamente porque creo que debe legalizarse en temas terapéuticos, porque es lo mínimo, pero también porque hay un tema de salud mental donde el cannabis realmente te ayuda. Porque sabemos que el cannabis te baja la ansiedad, que te permite dormir tranquila, que tiene un montón de beneficios que claramente te dan un apoyo psicológico. Entonces, el derecho a la salud tiene que ser consagrado, y debe ser inclusivo y pluricultural. Es decir, no solamente valorar la salud médica tradicional, sino que también la salud de los pueblos originarios que se basa en las plantas. Desde esa perspectiva, el consumo de cannabis entra en el derecho a la salud desde una perspectiva de salud pública.

Este debate crees que debe darse a nivel territorial, o ya falta una organizaciones de la sociedad civil que vuelvan a elevar la conversación.

Tiene que darse en todos los planos, desde el debate constitucional como en el ámbito penal. Actualmente, sabemos que la ley 20.000 es un mandato complicado porque tiene muchos efectos criminalizadores que te impiden ejercer en ciertos trabajos. Si tienes condena por ley 20.000 no puedes ejercer en ciertos cargos de funciones públicas, o te cierran las cuentas de los bancos, y así un montón de situaciones que no son menores. Por ejemplo, hay muchos trabajos en los que te hacen exámenes de pelo para ver si consumes marihuana. Ahí yo encuentro que ya es una intromisión a la vida personal y prejuicio respecto a que uno es menos profesional en un trabajo por un consumo de cannabis. Me parece absolutamente discriminatorio, desproporcionado y multirracial también.

¿Crees que el cambio cultural tiene que pasar por reformar la ley 20.000?

Un paso mínimo es descriminalizar porque es absurdo que sea un delito que existan penas privativas de libertad para quien planta. También, por ejemplo, establecer cuáles son los límites entre un consumo y un microtráfico. Porque no existe un límite legal. Entonces, lo que para una persona puede ser un consumo, para un policía puede ser microtráfico, y en otro lugar de Chile pueda ser una falta al artículo 50. Es una ley muy arbitraria que no tiene un margen legal, y que tiene que ser reformulada. O derechamente debemos sacar la cannabis de la lista del decreto del Ministerio de Salud que la considera una sustancia prohibida. Y eso es un tema administrativo que tiene que ver con políticas públicas y desde ahí se debe abordar.

¿Eres una candidata constituyente que está a favor de la industria del cannabis en Chile?

Hoy existen muchas personas mayores que saben y conoce la realidad y tienen todo su derecho de existir que en Chile se permita el uso tanto terapéutico y recreacional de cannabis. Creo que es un derecho que una persona pueda elegir qué salud quiere. Poder acceder a ella, y si yo siembro esta planta y la quiero consumir sin hacerle daño a nadie, no tiendo porqué es considerado un delito. Creo que es un derecho humano el escoger el tipo de salud y desde ese enfoque se debe abordar y no solamente con la criminalización.