La realidad de los dispensarios en Chile: La ley protege a los clubes cannábicos. Las fuerzas de la ley no

Al cortar el suministro legal de cannabis medicinal, aumentan las posibilidades de que los socios recurran al mercado negro, arriesgando la salud pública.

La mañana del lunes 13 de agosto del 2018, Luis Quintanilla y Valeska Frías llegaron a trabajar al invernadero de su parcela en Calera de Tango. El sábado habían cosechado y limpiado rigurosamente, ahora había que transplantar los clones y comenzar el proceso de colgado. Luis y Valeska son parte del directorio del Dispensario Nacional, el primer club de cannabis medicinal en Chile. Fundado el 2016, esta asociación sin fines de lucro cuenta con un cultivo colectivo al cual tiene acceso todo aquel que presente una receta médica y que pague una cuota mensual para el cuidado del cultivo.

A la hora de almuerzo el equipo se reunió en la casa principal para comer. Alrededor de las 15 sonó la campana. Un equipo de antinarcóticos de la PDI estaba estacionado frente a la reja de entrada. Luis calcula que había más de 25 efectivos. Respondían a una denuncia anónima que aseguraba que su plantación estaba dedicada al narcotráfico.

Luis les mostró los estatutos y recetas médicas para acreditar que estaban protegidos por la ley, pero los efectivos no hicieron caso e insistían en entrar. Luis se negó, ya que no tenían una orden judicial.

Durante las 3 horas siguientes, mientras los efectivos hacían gestiones para conseguir una orden, el equipo del Dispensario salvaba todo lo posible para los socios. Las ramas colgadas fueron a 6 contenedores de 122 litros, que procedieron a esconder, al igual que toda la marihuana recién cosechada. Tras conseguir una orden por teléfono, los operativos procedieron a romper la puerta de la reja.

En la búsqueda implacable por evidencias mínimas de narcotráfico (plata, armas y pesas) le dieron vuelta a la casa. En el invernadero arrancaron las plantas de raíz y millones de pesos en equipos como ventiladores, calefactores y fertilizantes fueron incautados. El esfuerzo por esconder la medicina fue en vano, se lo llevaron todo.

Incluyendo a Luis, quien pasó la noche en el calabozo de la PDI, Santiago Sur.

Son varios los clubes cannábicos que, por ser considerados narcotraficantes, fueron víctimas de allanamientos tanto por Carabineros como la PDI sin evidencia alguna. En casos como los del Dispensario Nacional, el ex Dispensario ACCI y CCM Dispensary, las fuerzas de la ley intentaron entrar sin siquiera tener una orden judicial. En dos de estos tres casos, no fue sino por protesta de las víctimas que se tuvieron que conseguir una. En todos los casos, los clubes presentaron la documentación que aseguraba la legalidad de su trabajo, pero siempre fue ignorada. Carlos Charme, director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) ya lo dijo el pasado Noviembre: «Fuerte y claro: nosotros no vamos a legalizar la marihuana, no está en nuestro programa y, por el contrario, queremos cerrar con candado la puerta de entrada al consumo de cualquier tipo de droga ilegal».

Ni la ley 20.500, que establece la asociatividad como un derecho ciudadano, ni la 20.000, que permite el autocultivo de cannabis para fines privados y próximos en el tiempo, ni siquiera el decreto 84, que permite a médicos recetar cannabis con fines terapéuticos y a instituciones facilitar el acceso al cannabis como terapia sirven como argumento.

Si se realizan esta clase operativos para defender la salud pública, reflexiona Luis, ¿cómo no se percatan de que están dañando la misma al apuntar a clubes cannábicos legalmente constituidos? «Al allanar a usuarios medicinales o a asociaciones medicinales se obliga a que estas personas recaigan en el mercado negro,» afirma, «ahí se daña la salud pública».

El mal menor

«No sabes la procedencia de lo que te venden, qué le echan, si tienen pesticida o no,» dice Steffania «Steffi» Ulloa, ex trabajadora del Dispensario ACCI. Su novio, Hans Ureta Gáez, fue uno de los fundadores de ese club. Juntos, sufrieron un allanamiento en su domicilio el 4 de abril de 2018, donde se encontraba el cultivo colectivo de la asociación.

ACCI llegó a tener alrededor de 200 miembros. «Hacíamos un bien a la sociedad al mejorar tantos casos extremos, como de fibromialgia, o los más repetitivos, como epilepsia refractaria,» recuerda Hans. La mayoría de los socios eran personas de tercera edad y niños bajo la tutela de sus padres.

El allanamiento ocurrió después que Carabineros intentara entrar en dos ocasiones. Durante el primer encuentro, los oficiales alegaron que tenían que apresar a un delincuente que supuestamente se había metido en su casa. Hans y Steffi se negaron a dejarlos entrar, tras lo que afirman que uno de los oficiales amenazó: «Te voy a cagar».

El segundo encuentro fue grabado y está en Youtube bajo el título «Correcto Actuar de Carabineros ante Cultivo de Marihuana», donde aparecen Hans y Steffi mostrándoles las recetas y estatutos del club, lo cual los oficiales comprenden.

Meses después, sufrieron un violento asalto que dejó herido al papá de Steffi. Después de días sin dormir, temiendo otro ataque,decidieron hablar con los Carabineros motorizados que hacían rondas por su calle. Estaban dispuestos a tomar el riesgo de perder equipos y plantas con tal de dar el aviso a los ladrones que ya no había nada más que robar.

Era cuestión de pasar «una noche en comisaría. Teníamos los documentos, el abogado cachaba, nos podíamos defender bien y, por lo menos, salía libre a luchar con la causa,» recuerda Hans, «Pensé que iba a estar en comisaría una noche, no en prisión preventiva por ocho días».

Sin presos

Marceaux Jauffret llegó al cultivo exterior de Club Cannábicos Maconha, o CCM Dispensary, en Linares el Lunes 11 de Diciembre, alrededor de las 8:30 de la mañana. En menos de una hora, mientras conversaba con el cuidador, notó una humareda de polvo alzándose en una calle lejana. Eran autos conduciendo a alta velocidad. Generalmente, por esa zona, los conductores tienen cuidado al manejar, ya que el polvo se levanta fácilmente al acelerar y afecta las plantaciones alrededor.

«Esos son investigadores,» notó el cuidador. Al poco tiempo, habían rodeado el cultivo.

Marceaux recuerda que habrían entrado de no ser porque él se apuró a exigirles la orden de registro, la cual no tenían. Como medida de precaución, CCM mantiene documentos pertinentes en los domicilios de sus cultivos. Marceaux los buscó: Una enorme carpeta con las recetas y documentos de inscripción de los alrededor de 780 socios, además de otros papeles como la constitución legal.

Los operativos, sin embargo, se quedaron. Estuvieron estacionados desde las 9.00 hasta las 20.00, cuando recibieron la orden escrita. El acta de la orden alude a un «cultivo ilegal» perteneciente a la Asociación Club Cannábicos Maconha. Se llevaron 1776 plantas, pero ningún preso.

«Si ellos mismos llegan con que es un cultivo perteneciente a CCM, con RUT y todo, ¿por qué lo incautaron?» se pregunta Marceaux. CCM Dispensary presentó recursos de protección y reposición y actualmente está a la espera que los contesten.

La pelea

Al día siguiente después del allanamiento en Calera de Tango, y de pasar una noche en el calabozo, Luis Quintanilla compareció ante el Juzgado de Garantías de San Bernardo. El Ministerio Público argumentó que era un peligro para la sociedad, por lo que tenía que estar en prisión preventiva. En ningún lugar de la carpeta presentada por los operativos se hace mención de que el Dispensario Nacional era una asociación que comprendía el cultivo colectivo de 50 personas e incluso menciona un «laboratorio de procesamiento de marihuana», el cual, al ver la foto, no resulta ser más el sauna con cordeles donde hacen el secado de las cosechas.

La carpeta tampoco hizo mención de los documentos que Luis había presentado antes del allanamiento. «Todo esto está grabado, donde se muestran las carpetas, los estatutos y las recetas,» dice Luis, refiriéndose a las cámaras de la PDI que grababan el allanamiento.

Ofrecieron un juicio abreviado, el cual le rebajaba la pena con tal de que aceptara la culpa. Una opción tentadora para cualquiera que quiere evitar una aventura legal. Pero «no estábamos haciendo un delito,» afirma Luis, «La Corte Suprema lo dice, cultivar para uso terapéutico personal no es una causa delictiva».

Luis se refiere al histórico caso del usuario medicinal Feliciano Canales quien, tras ser condenado a 83 días de presidio por cultivar cannabis, presentó un recurso de nulidad a la Corte Suprema. El recurso fue acogido y la sentencia fue anulada. La Corte reconoció que las 15 plantas de Feliciano estaban destinadas a su consumo individual y próximo y que tenía un propósito medicinal.

No fue hasta el turno del abogado de Luis, José Luis Flores, que la información faltante salió a la luz. Tomando esto en cuenta, el magistrado bajó la medida cautelar de Luis a arresto domiciliario nocturno mientras se realizara la investigación. Hoy está con firma quincenal. El Dispensario Nacional, sin embargo, sigue operando y el pasado 7 de enero, expusieron ante la comisión del salud del Senado en el marco del segundo trámite del proyecto «Cultivo seguro».

Hans, por otro lado, sigue en arresto domiciliario nocturno después de haber pedido dos veces un cambio de medida cautelar, ambas veces rechazado. El proceso provocó problemas internos con la directiva del ACCI, tras lo que Hans y Steffi renunciaron a sus puestos. Hoy se mantiene con una tienda de herramientas en Puente Alto, esperando la siguiente audiencia.