Chile tiene más del 60% de su geografía declarada como territorio de montaña, sin embargo, el acceso a la mayor parte de sus faldeos, lomajes o cumbres está vetada para la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Razones hay muchas: campos privados, desconocimiento de sus rutas y una cultura con más de dos siglos que ha crecido sin mirarlas realmente. La situación busca ser revertida por asociaciones de ciudadanos y un par de diputados mediante un proyecto de ley que asegure el acceso libre a las montañas y que, de paso, declare a los terrenos cordilleranos fiscales como bienes de uso público. La discusión recién se inicia, pero promete hacer más ruido que una avalancha.
Texto y fotos por Jorge López Orozco
La cordillera de los Andes es parte primordial de la memoria chilena. Presente en las estrofas de la Canción Nacional, quienes se van del país terminan extrañándolas tanto como a la marraqueta con palta. Nuestros más nobles poetas le han escrito metáforas que calan tan profundo como el frío de sus nieves invernales cuando ingresan a los valles; sus historias son memorables y la cantidad de personas que se vuelcan a visitarlas, crece año a año.
Las montañas, incluyendo en este tópico a la cordillera de la Costa, cubren el 63,8% del territorio nacional según la FAO y han sido declaradas como objetos de especial preocupación internacional por su alta fragilidad ante el cambio climático y la intervención humana.
En Chile las montañas tienen un mayor valor que ser exclusivamente zonas para la explotación minera o el sitio de centros recreacionales de invierno. Los Andes, y su hermana menor de la Costa, han generado una identidad ecológica propia del país, son el lugar de los principales reservorios de agua dulce para el consumo humano, han cobijado poblados y ciudades con una arraigada cultura andina que ha sido heredada de los mismísimos pueblos originarios y son consideradas por los propios chilenos, con el 41% de las preferencias en una encuesta CADEM del año 2017, como el principal símbolo patrio.
Sin embargo, ¿cuántos de nosotros sabemos algo
más de las montañas que su ubicación cardinal? ¿Cuántos chilenos podrían
decir cuál es su mayor altura? ¿Cuántos saben cómo llegar a alguno de
sus faldeos? La falta de respuestas y el desconocimiento son tan fuertes
como la imposibilidad de visitarlas.
El país de las montañas prohibidas
Cuando al andinista Sergio Infante se le metió entre ceja y ceja ascender el Maipo, hace 12 años atrás, se topó con una sorpresa no contemplada: «Me encontré con que el acceso al volcán estaba restringido por la empresa GASCO, dueña del fundo Cruz de Piedra, que con un portón a más de 40 kilómetros de la base de la montaña detenía cualquier intención por ascenderlo. Mi sueño de subirlo fue conseguido desde Argentina, en donde la vertiente trasandina se encuentra en un parque provincial. Con los años me di cuenta de que la restricción de accesos a valles y cumbres no era algo poco común, al contrario, en la zona central, sobre todo, se ha instaurado una barrera que divide la propiedad privada de la ciudadanía, barrera que en algunos casos es más difícil de traspasar que las fronteras. Sólo este año pude subir el Maipo desde Chile».
Debido a esta problemática nació la idea de hacer un documental que buscase retratar a la cordillera de Los Andes, tomando el tema de la restricción de accesos como gran excusa para visibilizar su olvidada importancia: «El país de las montañas prohibidas».
Las conclusiones de toda
su investigación parecieran una contundente radiografía nacional: «En el
colegio te enseñan poco de la cordillera y ese poco, lo enseñan mal. El
imaginario colectivo define a Los Andes como un muro que nos divide del
resto del mundo, un biombo climático inhóspito e incapaz de albergar
vida, pero no que es un lugar de oportunidades, rico en historia, en
donde vive gente y hay ecosistemas. La educación actual genera distancia
entre la gente y su geografía. Esa distancia normaliza cosas que no son
normales, por ejemplo: portones y rejas, que lleguen mineras o
hidroeléctricas instalándose a diestra y siniestra, total «en la
cordillera no hay nada», enfatiza Infante.
Legaliza la Montaña
En los países escandinavos y en Gran Bretaña, el acceso a la naturaleza es un derecho ancestral y son parte de la Constitución. EL «right to roam» o derecho a vagabundear, asegura que toda persona pueda tener la libertad de ir donde quiera, con derechos y deberes.
Chile está aún lejano a esto, pero hay un deseo permanente a que este derecho sea efectivo, asegura Christian Moscoso, director regional de Acceso Panam, organización internacional creada el 2009 que se dedica a conservar y mantener abiertos los accesos a las áreas de escalada y montañismo en Latinoamérica.
A pesar de parecer a primera vista un tema de nicho y no una problemática transversal, Acceso Panam ha provocado un movimiento inusitado. Junto a Fundación Plantae, revista Escalando y Colectivo Movimiento, crearon el 2017 una campaña llamada «La Voz de la Montaña», en que, además de incentivar a la población a participar de la consulta ciudadana respecto de la Política Nacional de Gestión Sustentable del Territorio de Montaña, se le solicitaba al Estado un catastro de los predios fiscales en territorio de montaña. Increíblemente hasta el año pasado no existía información oficial al respecto: «Nadie sabía la cantidad, ni dónde estaban ubicados. Con los datos ahora sabemos que el 61% del territorio montañoso del país es fiscal, un espacio similar al tamaño de Italia», cuenta Moscoso.
El mapa del catastro da cuenta además de otra situación preocupante: los territorios estatales se encuentran principalmente en zonas remotas del país. El área central es casi toda particular: «El derecho de propiedad privada en el país está por sobre todas las cosas y eso imposibilita el tránsito. No hay una política clara que asegure el libre tránsito en ni hacia estos territorios», explica Christian.
Acceso Panam, en abril del 2018, fue convocada por el diputado Sebastián Torrealba para trabajar en un proyecto de ley que le de amparo a las cordilleras nacionales. Mediante el llamativo hashtag de «Legaliza la Montaña», nace una nueva campaña para la consecución y seguimiento de un proyecto de ley. Esta instancia ha sido usada como plataforma de acción por agrupaciones de montañistas, representadas por la visión de Acceso Panam, para mantenerse informados, convocar enfoques y ejercer presión para que la potencial ley sea aprobada.
Torrealba y dichos actores han tenido dos reuniones para plantear sus puntos de vista y discutir con respecto a un proyecto de ley que de, al fin, un punto de inicio a una política nacional de largo plazo con respecto a este patrimonio natural y que se propondrá en el hemiciclo en la tercera semana de agosto.
«La campaña Legaliza la Montaña busca mantener informada y movilizar a la comunidad de escaladores y montañistas en Chile para generar cuestionamientos y discusión. Por ejemplo, el conflicto medioambiental que pueda haber al abrirse estos espacios, que son tuyos por derecho, ¿por qué deberíamos tener acceso a la montaña? Ahí aparecen dudas. Si es sano que la población pueda acceder a este territorio, ¿por qué tiene que ser sólo el fiscal?», relata Christian Moscoso agregando que preguntas tan básicas como a qué llamamos montaña, siguen en un limbo.
«Toda esta discusión está en el marco de la
política nacional sustentable del territorio de montaña en Chile,
tenemos un horizonte de trabajo hasta el 2030. Tenemos que ponernos al
día en una serie de cosas: infraestructura, normativas, protocolos,
leyes, institucionalidad, esto debe ir avanzando. El proyecto de ley
apunta al acceso, pero falta sustentabilidad y educación», puntualiza.
Una ley para democratizar la montaña
El 2004, Sebastián Torrealba de sólo 23 años, se convertía en el concejal más joven en ejercer este cargo en Lo Barnechea. Este municipio de la capital cuenta con cerca de un 95% de territorio andino: «Chile constantemente le ha dado la espalda a la montaña», nos cuenta en un café en Las Condes.
Torrealba sabe de lo que habla. Durante su período como concejal fue parte de un catastro en que descubrieron más de 600 km de rutas outdoors en territorio municipal. La montaña transformó su mirada. Fue parte de la creación de Municipios Cordillera y la Fundación + 1000, ambas organizaciones que buscan poner en valor este patrimonio y que son la génesis de su interés por abrirlo a la ciudadanía.
El actual diputado encabeza un proyecto de ley que permita el acceso libre a los sitios de montaña que están en manos del Estado: «El fundamento de esta propuesta será lograr, a través de una política pública, democratizar la montaña. No es sólo para el que tiene un jeep o un par de esquís. Es para el que llega en micro, en un Kia Morning, a pata o a dedo, pero que disfruta la montaña, porque el efecto que produce es increíble y eso actualmente es privilegio de pocos y no es justo. Necesitamos que los privados también entiendan que la montaña es un bien de uso público y den acceso a todos los chilenos», explica Torrealba, militante de Renovación Nacional.
El congresista señala que el proyecto de ley decretará que los terrenos fiscales sean un «uso de bien público» e implicaría que su manejo pase a los municipios y que se asegure el derecho de visitarlos sin impedimentos, tal como ocurre actualmente con las playas chilenas: «Algunos sectores más conservadores ven esto como expropiatorio, pero no tiene nada que ver con ello».
No es una idea nueva. Esta es la tercera tentativa de consagrar una ley con respecto a las montañas. Las anteriores versiones, promovidas respectivamente por Andrés Allamand y Sebastián Chahuán, terminaron archivadas.
¿Hay voluntad entre sus pares? Torrealba revela que sus colegas lo toman por loco: «Lo ven como algo entretenido y no le toman el peso real. Aunque el proyecto de ley no soluciona toda la problemática, creo que activará sólo cosas positivas, en el fondo es meterle mucha presión a los ministerios y privados para que piensen la montaña a largo plazo, porque ahora no la piensan», enfatiza.
Afortunadamente no está solo en esta cruzada. Amaro Labra, diputado del Partido Comunista, cree que hay que incentivar una Política Nacional de Cordillera que recoja la importancia que ésta tiene para nuestra biodiversidad y potencial turístico: «Que sea construida con una amplia participación de las comunidades que la habitan y centrada en generar una cultura de cuidado a la cordillera. Tenemos, también, que avanzar en una adecuada regulación de la protección de la cordillera, tanto por su riqueza ambiental como en su acceso».
Para el ex cantante de Sol y Lluvia, la cordillera
tiene un valor estratégico fundamental: el agua. Entre el 2008 y el
2015, dice, 75 de las 101 cuencas hidrográficas del país han decretado
escasez: «Las principales reservas de agua se encuentran conformadas por
glaciares. Hoy en día se está impulsando, a partir del trabajo de la
Comisión de Medio Ambiente, la creación de una ley que impida la
constitución de derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares,
plasmando este resguardo en el Código de Aguas. De esta forma se busca
proteger a los glaciares como reservas de agua».
Una riqueza biológica ignota
La montaña no sólo es rica en los minerales que son explotados por grandes corporaciones. Los ecosistemas cordilleranos han sido poco estudiados y las respuestas a grandes preguntas globales como el cambio climático, por ejemplo, se encuentran en especies como el anfibio Alsodes pehuenche.
La bióloga Dayana Vásquez, durante el año 2010, fue parte del reconocimiento de esta especie en la cordillera del Maule. La rana de pecho espinoso del valle Pehuenche, tiene una distribución limitadísima de 25 km2 entre Chile y Argentina.
Microendémica y en Peligro Crítico de Extinción, su conocimiento recién avanza: «La información científica respecto al conocimiento científico de los ecosistemas de montaña es limitada en la variante que llamamos «distribuciones geográficas de las especies». Desde nuestra experiencia científica y desde el punto de vista de los anfibios de Chile, en la Cordillera de Los Andes, aún existen importantes vacíos respecto de las distribuciones geográficas de las especies, lo cual es relevante, considerando cualquier tipo de intervención antrópica actual o futura».
Hallazgos
como el de la Alsodes pehuenche hacen relevante la forma en que se
podría ejercer una planificación política con respecto a la montaña:
«Hay que regular el uso múltiple de este espacio. Considerando en primer
orden de importancia la conservación del ecosistema de montañas, sus
especies de plantas, animales y microorganismos, sus glaciares, cuerpos
de agua y las culturas andinas que han vivido ahí ancestralmente. Con
esto garantizamos, en parte, la mantención de agua potable, riego
agrícola, investigación científica, actividades deportivas, turismo y
recreación por mucho tiempo, beneficiando por supuesto a las pequeñas
comunidades humanas que allí habitan».
El conocimiento en terreno de Dayana fortalece esta visión
Educar para Conservar
Todas los entrevistados, en algún momento, recalcan la importancia de la educación acerca de la montaña. Pero, ¿cómo se hace en un país que las ignora?
Danko Galetovic, co-fundador de la ONG Minga, especialista en educación de montaña, señala: «Creemos que en Chile el Estado no ha asumido el rol de desarrollar esta materia esencial que es la Pedagogía de Montaña».
Minga desde el 2017, ofrecen cursos de certificación No Deje Rastro, programa educativo que busca minimizar el impacto humano en espacios naturales. Salidas a terreno, talleres de flora y fauna abiertos a la comunidad y senderismo es parte de sus dinámicas que son dirigidas por especialistas ligados a las ciencias naturales. «Nuestro enfoque apunta a armar redes locales y nacionales que permitan desarrollar los conocimientos de la comunidad. Cada persona tiene una sabiduría infinita que hace de MINGA una plataforma cooperativista, queremos mejorar la calidad de vida de las personas, a través del contacto con la naturaleza y la reciprocidad», cuenta Danko.
Este tipo de educación ha tenido un efecto dominó que es evidente para Minga. Muchos de sus alumnos se han ido transformando en líderes de colegios y clubes, por lo que el fomento de una normativa que incida en el libre acceso de la montaña para su conocimiento, es un asunto vital: «Esperamos que la ley trascienda y proteja a los ecosistemas en los que cohabitamos con otros seres vivos que muchas veces se ven invisibilizados ante la privatización de la naturaleza. Merece ser respetada y protegida, no como recurso económico, sino más bien como patrimonio natural a conservar. Queremos que más gente vaya a la montaña, la conozca y la aprenda a valorar para que, finalmente, la protejan», sentencia Danko.
La temática acerca del acceso libre y soberano a la montaña para cada chileno, va creciendo como una avalancha. El panorama parece alentador, nunca hubo como ahora tantas cifras oficiales, mapeos, organizaciones sociales y voluntad política para que, después de dos siglos de vida independiente, podamos empoderarnos de nuestras montañas.
Es un momento clave para que este gran recurso natural y patrimonial, parte de la identidad de toda una nación, sea conocido, discutido y valorado. Y para que las generaciones futuras no tengan que enfrentarse con una reja que, como le sucedió a Sergio Infante y tantos otros, imposibilite el contacto directo con nuestra propia naturaleza.
