Ivo Mena. Usuario Medicinal: Privado de «livertad», así mismo y por error

Desde hace más de 6 meses Ivo Mena permanece con arresto domiciliario después que el tribunal de Quillota resolviera esta pena, de una forma totalmente contraria a la lógica, y sin ninguna prueba que logre vincularlo con el delito de microtráfico que se le imputa.

Por Rosa Navarrete y Esteban Torres

En las últimas semanas ha sido noticia, el paradójico caso de Ivo, tanto así que tuvo en su casa canales de televisión, además de aparecer en portadas de diarios y revistas para denunciar a modo de grito la situación irrisoria en que se encuentra.

Y podría parecer anecdótico, con todas las ganas de creer que esto no sucede en nuestro país, menos en el organismo estatal que garantiza un debido proceso para todos. Podría causar risa por lo ridículo y desastroso que resulta a la luz del más mínimo análisis, sin embargo, estamos en Chile y así como en la construcción nacional encontramos el puente Caucau así también y en el poder judicial encontramos casos trágicos y vergonzosos como el que acá acercamos.

Sin-sentido común

Yo creo que uno actúa de buena fe, creyendo que existe algo así como el sentido común, pero al final el sentido común termina siendo, como dicen, el menos común de todos los sentidos. Siempre, desde que entré en todo este proceso estuve convencido que debía ayudar y ser súper transparente porque no estaba haciendo nada malo y el cultivo de las plantas en mi casa estaba debidamente documentado en mi diagnóstico y tratamiento por malformación congénita en los meniscos y dolor crónico asociado. Pensé que sería cuestión de corto tiempo que se lograra probar que no efectúo ningún tráfico, sin embargo parecía que cada paso que se avanzaba estaba más mal y era más absurdo que el anterior. Eso hasta que vino una sentencia que terminó conmigo destrozado y mi fe en las instituciones anulada.

Con total justificación luego de estos eternos 6 meses en que ha tenido que permanecer en su casa y dejar de hacer todo lo que se entiende como «vida normal». Trabaja desde hace 8 años como informático en la Municipalidad de Limache, luego de este episodio todo se modificó, produciendo una cadena de consecuencias que resultan en la práctica totalmente trágicas para cualquiera. Efectos en cadena que ninguna difusión o rectificación en el proceso logrará mermar o cambiar, porque es ahora y desde hace 6 meses que no puede solventar sus gastos y los de su familia, lo expulsaron de la isapre y no posee cobertura de salud, se ha atrofiado mucho más por la falta de movimiento y la preocupación, se encuentra sin medicina paliativa para su dolor crónico, cuestión que además le produce insomnio; no puede llevar a su hijo al colegio que queda a una cuadra de la casa, no puede ayudar en nada externo a su pareja que vive el día corriendo de un lado a otro y asumiendo las labores que antes hacían en conjunto, Loreto es aquí un pilar fundamental y a quién Ivo dirige todos sus agradecimientos, admitiendo que de no ser por su apoyo incondicional y a toda prueba esto sería realmente insufrible. A ellos como familia, luego de este mal proceso, la vida se les partió en dos.

Basta conocer a Ivo para advertir que tras él no hay un terrible peligro para la sociedad que haga lógico su arresto domiciliario, menos aún considerando que delincuentes conocidos jamás han permanecido en prisión. En relación a esto nos cuenta que una amiga casi al borde del llanto se preguntaba, por qué el asesino de su hermana, que era su pareja y que todos podían identificar, fue nombrado en el diario con sus iniciales, y a él en el mismo medio, lo indican como traficante con nombre, apellido y foto, entregando datos privados y sin evidencias.

Todos nos preguntamos lo mismo y dudamos de manera conjunta esto de poner nuestro concepto de justicia en personas que, en vistas del proceso que llevan a cabo, resultan ser totalmente ineficientes. ¡Claro! porque es ofensivo que en el informe de su sentencia se entreguen datos tan imprecisos, como sostener que dentro de un indoor de un 1,60 mts. crecen plantas de 2,5 mts., como referirse a él con otro nombre y otro sexo, evidenciando que el texto no tiene hilo conductor alguno y que más bien es fruto de la suma de muchos cortar y pegar, y siguiendo la línea de los inadmisibles yerros Ivo hoy no puede hacer uso de su livertad, con uve ya que esta vez la justicia se quedó muy corta.

Yo no me creo el ciudadano ejemplar ni mucho menos, pero he trabajado desde muy chico, he emprendido un montón de cosas en las que puse toda la energía y me fue bien, estudié ingeniería en computación y desde que salí de la U he mantenido trabajos estables, siempre creyendo que en los trabajos uno debe poner algo más, nunca me he conformado con solo lo necesario, leo y releo un mail antes de enviarlo para verificar su ortografía por ejemplo, siempre he sido muy responsable con mi trabajo y de él no dependen directamente personas. Ese punto es el que me parece más desequilibrado de todos, porque nosotros, las personas que no tenemos en las manos la vida de otros seres humanos, nos comportamos de la mejor manera que podemos, sin embargo, en este caso, el poder judicial que tiene la más alta facultad de aclarar situaciones de conflicto en nuestra sociedad, la instancia que defiende e investiga la verdad por una vía legal seria, comete este tipo de errores que al final le hacen pedazos la vida a alguien.

«Hay un destino que no tiene pruebas…»

Ni siquiera una y mientras su razón sí que se demora, Ivo con toda la fe en que esto se resolvería pronto, se quedó con las entradas para ir a ver a La Renga en octubre pasado, cuestiones para algunos mínimas, dolorosas para un corazón que gusta del maldito rock y además en arresto injustificadamente.

Esto ha sido una cadena de sucesos nefastos en donde me he sentido totalmente vulnerado y defraudado, todo inició con una denuncia anónima, la visita a casa de PDI y luego el escenario de prejuicios y falsa información. Después de un año de investigación en donde no se encontró evidencia que me vincule con tráfico, se da curso a una segunda investigación a través de otro llamado anónimo, en este caso el solo hecho de tener las plantas anteriormente y tener un proceso en curso se asume como argumento de una sentencia que no tiene sentido, además de medidas irregulares como en ambas ocasiones incautar mi celular (2 IPhone 7Plus 128GB) sin opción en ningún momento de ponerme en contacto con alguna persona o abogado, lo que es un derecho, o cosas como tener que lidiar con un defensor público que luego de hacer mal su trabajo, por el que le paga el estado, adicionalmente quisiera cobrarme $1.000.000 porque los casos de drogas son complejos.

En cualquier proceso que requiere de la aclaración de circunstancias, las medidas adoptadas son posteriores a la indagación de los hechos y comprobación de la falta si la hubiese, es un principio legal básico el garantizar un «debido proceso» en el curso de una investigación, pese a ello lo que sucedió a Ivo y sucede a los usuarios de cannabis mal procesados por la ley 20.000 es que, de partida, se presentan como culpables del delito que se les imputa, y comienza la violación de derechos básicos y fundamentales desde el inicio del proceso, es el imputado quién tiene la «carga de prueba», es decir, debe probar que no es culpable ante el organismo que lo imputa, sin respetarse el derecho constitucional de «presunción de inocencia» eso como punto de inicio.

Sin considerar encima el lenguaje que se utiliza, plagado de subjetividades, interpretaciones falsas, conceptos equívocos y un evidente desconocimiento respecto de la materia que se juzga, de ejemplo basten expresiones como: «fue sorprendido», «mantenía oculto», «cultivaba una sepa indiga».

Entiendo que cualquier persona puede denunciar lo que se le ocurra y será la justicia quién se encargue de afirmar o desmentir esa acusación por medio de una investigación, bajo esa lógica, encontraba admisible que se me investigara, total yo no soy un traficante y proveí toda la información que respalda el motivo de mi cultivo, además de dar libre acceso a la información bancaria, PC y todo lo que tengo porque no oculto nada, luego me di cuenta que las cosas no eran tan sencillas y lo atribuí a que Limache es un pueblo chico, ingenuamente pensando que quizás la desinformación se debía a eso y que cuando pasara a una instancia mayor todo se resolvería. Cuando fuimos todos a la audiencia en Quillota, iba con mucho entusiasmo porque, pese a todo, siempre seguí confiando. Al escuchar la sentencia de verdad no lo podía creer… terminé destruido y además con un montón de deudas porque ahí mismo y en 45 min. tuve que reunir $2.000.000 para no ir del tribunal a la cárcel, ¡todo mal! y peor porque inicialmente, y como si nada, la jueza había pedido 5.000.000 como alternativa de fianza.

Esta audiencia de comunicación de sentencia, registra un tiempo de duración de 4 minutos, en este lapso ínfimo Ivo pasó de ser un ciudadano como cualquier otro a ser un traficante de drogas en pequeñas cantidades, delito en grado de consumado, todo bajo un proceso lleno de mentiras o falacias, de esas que aprendemos a distinguir en el colegio.

Ivo saca el legajo que se nota estudiado y además marcado en varias partes y nos muestra lo que ya en el relato se entendía.

En el documento dice que ingresó a la casa carabineros y con autorización, eso no ocurrió, fue la PDI y jamás me pidieron autorización ni leyeron tampoco mis derechos básicos, registraron mi casa completa se llevaron mis plantas y lo que estaba curando para producir mi medicina, una caja fuerte de la que no pude encontrar las llaves porque estaba muy nervioso, al otro día temprano yo mismo llevé a la PDI la llave y la caja ya estaba destruida, por supuesto no encontraron nada en su interior, estaba vacía. Luego de unos días aparecía la acusación en el diario El Observador de Quillota sosteniendo que era un hecho que un funcionario municipal traficaba droga al interior del municipio, según ellos tenía «marihuana procesada lista para la venta». Hasta ese día nadie en mi trabajo sabía de mi tratamiento, después de eso he sido expuesto, calumniado e indicado de múltiples formas y aunque ahora el juez pueda determinar que efectivamente no soy un traficante, ya el daño y sus consecuencias están y son muy profundas en todo ámbito.

Si el proceso comenzó mal, sigue peor: no le permitieron hablar durante todo el juicio, no consideraron el momento en que se presentaron los datos de diagnóstico y receta médica remitidos por Fundación Daya Quilpué, se presentan como argumentos para demostrar su culpabilidad hechos como tener estas plantas en su casa, encontrarse bajo investigación aunque no se haya probado nada en su contra, no tener aceite medicinal en el recinto, la posesión de un vehículo que a ellos les parece sospechoso, o la duda que les sugiere el tratamiento de Ivo, como si esas cosas bastaran por sí mismas o en conjunto para convertirlo en traficante así como por arte de magia. El ministerio público además no permite testigos y el único autorizado fue un funcionario de la PDI que hizo peritajes en casa de Ivo, quien sostiene que no se encontraron pruebas ni movimientos que pudieran vincularlo a una actividad de microtráfico ¿Y entonces? en una pésima aplicación de la navaja de Ockham el tribunal lo declara igualmente culpable.

Luego de esto Ivo presenta un recurso de nulidad ante la corte de apelaciones de Valparaíso, recurso que fue negado, entre otras cosas se indica que producto de haber conseguido rápidamente (en el plazo que le dieron) los $2.000.000 de fianza en el dictamen de sentencia previo, se presume una solvencia económica proveniente del tráfico, cuestión que dado su absurdo no amerita más explicación.

Asaltado por el estado.

La vulneración de derechos y la vejación flagrante que permite un proceso mal desarrollado al alero de la ley 20.000, es lo que hoy vive Ivo por responsabilidad de policías y jueces mal informados y por la criminalización arbitraria del uso de cannabis en tratamientos médicos. En términos simples es un paciente a quien le sustraen su medicina y su cultivo, lo acusan y hacen parte de un proceso muy poco justo y claro, queda inhabilitado para hacer su vida libre y normalmente, además sentenciado por algo que no hizo, aparece indicado social y públicamente como un traficante, adquiere deudas, entre ellas el pago de los costes derivados del mismo proceso que terminó culpándolo de algo que jamás hizo, debe vender sus pertenencias para tratar de seguir con su vida y como si esto fuera poco le roban dos celulares, porque hasta la fecha no han sido repuestos y en circunstancias muy sospechosas Ivo recibió una llamada en donde se le propone la salida de un juicio abreviado admitiendo la culpabilidad del delito «cultivo sin autorización» a cambio tenía que renunciar a su dispositivo, Ivo se negó.

No tanto por los teléfonos sino porque no me voy a resignar a ser culpado y que se me castigue por algo que no he hecho, voy a luchar hasta el final del proceso para demostrar lo que la justicia no ha podido ver, además este tiempo de crisis y circunstancias difíciles me hacen querer también estar en la lucha por una ley más justa, porque no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie, menos a un paciente que ya suficiente tiene con su dolor y con sus dificultades o a un padre de familia que, como yo, no pueda dormir por la preocupación que significa no poder resolver la vida cotidiana.

La situación de Ivo, que puede ser la de cualquiera de nosotros pone en la palestra la urgencia del resguardo ante la ley de los usuarios de cannabis o al menos un cambio en la asociación inmediata con el tráfico de drogas. Según lo aquí expuesto el asunto puede terminar siendo profundamente complejo, digno de un relato de terror. Y en tú caso ¿qué pasaría si la PDI informa a tú puerta la existencia de una llamada anónima que te vincula con la tenencia o tráfico de marihuana?.