El INDH presente querella por abusos contra usuaria medicinal de cannabis

Por primera vez en su historia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, por el caso de extrema vulneración de derechos contra Rosa Salazar, una usuaria medicinal de cannabis.

Este viernes 9 de abril, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó por primera vez en su historia una querella criminal por el caso de extrema vulneración de derechos de una mujer de 55 años de Chillán y su hija discapacitada, por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones durante un violento allanamiento y detención por cultivar cannabis.

“En mi calidad de mandatario judicial del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, vengo en deducir querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, cometido en perjuicio de ROSA DEL PILAR SALAZAR ÁVILA, de 55 años de edad, y de CAMILA BELÉN DEL POZO SALAZAR, de 32 años de edad”, dice el documento oficial.

Rosa Salazar es conocida en la ciudad por vender frutos secos desde hace años afuera de un supermercado en el centro de la ciudad, siempre acompañada de su hija Camila del Pozo, con discapacidad total debido a una asfixia en el parto. La joven que tiene 33 años es paciente de Fundación Daya Chillán y usa aceite de cannabis para la epilepsia que sufre.

La realidad de ellas cambió la mañana del miércoles 17 de febrero, cuando un grupo de tres detectives golpeó la puerta de esta madre y su hija, y la amedrentaron para que los dejara entrar a la casa sin una orden judicial. Para la operación, le quitaron su indoor con tres plantas de cannabis.

“Los policías comenzaron a denigrarla mediante comentarios agresivos y descalificatorios, como “…tu enfermedad (fibromialgia) no existe, es un invento de la Fundación Daya”.

“Los policías comenzaron a denigrarla mediante comentarios agresivos y descalificatorios, como “…tu enfermedad (fibromialgia) no existe, es un invento de la Fundación Daya”, y “…ya, dónde tienes la droga, entrega los paquetitos”, haciéndola figurar como traficante de drogas delante de su hija. Poniendo así en duda las patologías de ambas y consecuentes tratamientos terapéuticos. No obstante, que en el despliegue del procedimiento no se encontró ninguna evidencia adicional que hiciera suponer algún posible tráfico ilícito drogas en el domicilio”, relata la querella del INDH presentada en el Juzgado de Garantía de Chillán.

Aún con la exhibición de las recetas médicas que efectuó y la inexistencia de evidencias de tráfico prohibido de estupefacientes en el lugar, los policías decidieron igualmente proceder a detenerla, a pesar de que su hija depende absolutamente de ella: Camila no habla, necesita que la muden y alimenten, y camina sólo con ayuda. Por lo que Rosa tuvo que pedirle a un vecino de la tercera edad que la cuidara. Funcionarios de la Policía de Investigaciones ni siquiera le dieron privacidad para cambiarle los pañales antes de llevarla al recinto policial, teniendo que hacerlo en presencia de ellos.

«(Rosa) les habría pedido que no lo hicieran o que, al menos, retrasaran su traslado al cuartel para permitirle contactar a una persona de confianza y capacitada para quedarse al cuidado de su hija, Camila del Pozo, pues ésta necesitaba atenciones permanentes de otro. Pero no accedieron llevándosela del sitio, quedando finalmente su hija, por largas horas, al cuidado de un vecino que circunstancialmente observaba desde la calle lo que acontecía», dice el documento.

El delito de vejación injusta del artículo 255 del Código Penal, es una figura residual de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que resulta aplicable exclusivamente a funcionarios públicos, en este caso funcionarios de la PDI de Chillán, quienes ni siquiera tenían una orden judicial para realizar el procedimiento.

“Yo sé que no tengo que dejar entrar a los policías sin una orden porque no corresponde, pero me amenazaron, cuando les pedí la orden. Me dijeron, ‘¡ah, eres chorita! ¿Quieres que volvamos con los perros?’.

“Yo sé que no tengo que dejar entrar a los policías sin una orden porque no corresponde, pero me amenazaron, cuando les pedí la orden. Me dijeron, ‘¡ah, eres chorita! ¿Quieres que volvamos con los perros?’. Estuvieron una hora dando vuelta la casa, decían ‘¡¿Dónde están los paquetitos?!’ Yo les mostraba las recetas médicas mías y de mi hija, todos los antecedentes médicos, pero arrancaron mis plantas de los maceteros, se llevaron mi indoor y me llevaron detenida. Me sacaron esposada con todos mis vecinos mirando”, cuenta Rosa Salazar.

“Para Fundación Daya es un paso fundamental comenzar a contar con la presencia del INDH, ya que estamos ante una vulneración a los Derechos Humanos, de un Estado que en vez de acoger, cuidar y acompañar, decide perseguir, y persigue a los más débiles, a los enfermos», dice Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya.

En ese sentido, desde Fundación Daya piden avanzar en un proyecto de ley de Reparación a las Víctimas de la Ley 20.000, que limpie retroactivamente los antecedentes de los usuarios personales condenados en virtud de una errada aplicación de la misma y repare a quienes han resultado afectados en sus derechos esenciales.

«Son las policías las que insisten en esta mirada y no cumplen con los debidos protocolos en relación al trato digno que todo detenido merece, pero estas actuaciones vienen avaladas y oficiadas por el Ministerio Público, que se ha empeñado en esta absurda criminalización. El problema hoy día es que tenemos un Poder Ejecutivo, un Ministerio del Interior, un Senda, que niega rotundamente esta realidad, negando incluso la propia legislación vigente”, señaló la directora de la fundación.

«Son las policías las que insisten en esta mirada y no cumplen con los debidos protocolos en relación al trato digno que todo detenido merece, pero estas actuaciones vienen avaladas y oficiadas por el Ministerio Público».