Como sacado de una película de mafiosos fue lo visto por quienes seguíamos la sesión de la Comisión de Constitución y Justicia del día 3 de septiembre de 2020, dedicada a tratar modificaciones a la ley 20.000, en el marco del proyecto Cultivo Seguro. Durante la sesión, en que intervenían personas de Fundación Daya y Mamá Cultiva, Ana María Gazmuri debió retirarse para acudir en auxilio de su hija, quien acababa de ser detenida tras un allanamiento a su casa en el que fueron incautadas 4 plantas de marihuana cultivadas para fines medicinales.
No menos cinematográfico fue el operativo del día 7 de enero de 2021, que movilizó por tierra y aire a más de 800 efectivos de la PDI en Temucuicui, donde fueron incautadas poco más de 1.200 plantas; cantidad bastante reducida si se compara con operativos estivales en la Cuarta y otras regiones de la zona central de Chile. Cabe señalar que operativos de este tipo nunca movilizan tal cantidad de personal y recursos policiales, ni siquiera cuando se trata de penetrar en sectores urbanos controlados por el narcotráfico.
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Otras diligencias policiales, altamente mediáticas, que hemos visto durante la pandemia corresponden a detenciones de vendedores minoristas que eran contactados por aplicaciones de citas y reparto.
Lo que no hemos visto son investigaciones que sigan el dinero, juicios a contadores y abogados tributarios, condenas por el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y que, tan cinematográficamente como los operativos contra pequeños agricultores y usuarios, consigue reingresar miles de millones a la economía formal, abultando inexplicablemente ganancias de empresas fantasmas y cuentas corrientes.
En la vereda opuesta, hemos visto países que han advertido la importancia del cannabis, en dimensiones como las económico-industrial, medicinal y recreativo (que en condiciones de confinamiento, ha apoyado la contención de los efectos psicológicos del encierro). Ejemplo de esto es que ha sido declarado esencial en algunas ciudades y estados de Estados Unidos, lo que llevó a mantener activos dispensarios y la cadena de suministro.
De igual manera, durante 2020 vimos significativos avances legislativos (no en Chile) para la promoción de la investigación y desarrollo de la industria del cannabis medicinal. Al tiempo que sigue aumentando la lista de países que han regulado el uso recreacional de la marihuana; dando tranquilidad y seguridad a usuarios, productores y comerciantes legales.
Es que a diferencia de las políticas prohibicionistas, que derivan directamente en un mercado ilegal, delincuencia y corrupción del aparato público, la legalización del cannabis ha mostrado ser un tremendo motor económico, científico y de desarrollo socio-ecológico, mediante una industria que integra producción, procesado, investigación, desarrollo, docencia, comercio y recaudación de impuestos. Todo, gracias a un planta de la cual es posible obtener alimento, fibras, papel, materiales de construcción, biocombustibles, medicinas, productos cosméticos, resinas y plásticos, entre muchos productos más; con enormes externalidades positivas en materias ecológicas y productivas.
Si la elite político-empresarial de nuestro país hubiese escuchado a los movimientos cannábicos y atendido la evidencia que expone el fracaso de las políticas prohibicionistas, y hubiese introducido los cambios regulatorios para fomentar el aprovechamiento de la planta, los titulares del 10 de noviembre de 2020 habrían celebrado los logros del piloto de un proyecto que pudo ser financiado por Corfo y llevado adelante por agricultores locales y la Universidad de Atacama, que ha permitido el cultivo de cannabis en pleno Desierto de Atacama, en condiciones de máxima aridez, alta fluctuación térmica y a una altitud de más de 2.600 m sobre el nivel del mar. En cambio, nuestros medios titularon patéticamente el logro de un decomiso del OS-7 de Carabineros que acabó con 1.253 plantas más un kilo de marihuana en proceso de secado. Ya quisiéramos recuperar terrenos desérticos y convertirlos en tierras de cultivo.
Más desconcertante resultan las acciones promovidas por los gobiernos de las ultimas décadas y sus órganos persecutores, toda vez que no derivan directamente de la ley 20.000 sino que, aprovechando las ambigüedades legales, persiguen y criminalizan prácticas que explícitamente no están penadas, como el cultivo y uso medicinal o personal del cannabis.
Y es que no importa la defensa del bien jurídico, la salud, sino criminalizar prácticas personales y sociales. De igual manera como la autoridad criminaliza la protesta social, el arte callejero, las demandas de autonomía de comunidades mapuche (sustentada por tratados internacionales firmados por el Estado), la libertad de expresión o la soberanía sobre el propio cuerpo.
En definitiva, quienes desde sus lugares de poder han insistido majaderamente en políticas prohibicionistas no hacen sino obstruir el desarrollo personal y colectivo. Obstruyen la investigación científica, el desarrollo de conocimiento, nuevos materiales y energías alternativas; obstruyen el desarrollo económico de personas y comunidades, la recaudación fiscal, la creación de nuevos ecosistemas industriales y encadenamientos productivos, incluyendo alternativas sustentables para pequeños y medianos agricultores; obstruyen el combate a la corrupción en el Estado, la asignación eficiente de recursos policiales a temas prioritarios, así como la recuperación de barrios y espacios públicos capturados por el narcotráfico; obstruyen la soberanía sobre nuestros cuerpos y la libertad de elección médica, el cuidado del ambiente y el ejercicio de la voluntad mayoritaria de la población chilena en la resolución de las problemáticas que nos aquejan.
Desde una perspectiva integral, que recoge la experiencia internacional de más de 3 décadas, las políticas y prácticas prohibicionistas constituyen un atentado a la democracia, limitando las posibilidades para que nuestra sociedad alcance mejores estándares de vida y convivencia.
El desafío es a trabajar para recuperar el estándar de potencia mundial en la producción cañamera, impulsando instrumentos de fomento económico y productivo, como se hiciera desde la Colonia hasta la primera mitad del Siglo XX.
La invitación es a aprovechar el tiempo constituyente que estamos viviendo como país, para entender desde este ejemplo las consecuencias del ejercicio arbitrario del poder por parte de la autoridad política y los poderes fácticos presentes en nuestra sociedad. La invitación es a escucharnos y valorar la evidencia. La invitación es a dotarnos de los mecanismos democráticos que posibiliten resolver participativamente desafíos y abrir espacios para que la creatividad y el conocimiento nos permitan construir colaborativamente un mejor país, más seguro, alegre y digno
Mauricio Vargas P.
Integrante del Frente Cannábico del Partido Pirata de Chile.
