Caso Arriola: Diez años del fallo que lo cambiaría todo

Hace 10 años que miles de familias de Argentina se endeudan para pagar abogados porque un policía encontró marihuana en el bolsillo de uno de los hijos. También hace 10 años que el propio Estado derrocha millones de dólares en mantener este laberinto jurídico que lo limpia de culpas.

Por Ramiro Barreiro, desde Buenos Aires.

Si uno coloca «Ministerio de Seguridad» en el buscador de correos de cualquier periodista de Argentina podrá sorprenderse con asuntos que parecen sacados de películas.

«Operación La Casa de Papel», «ruedas verdes», «lavado premium» o «los sampedranos» son algunos de los nombres con los que llaman a las redadas en las que incautan drogas.

La exageración también incluye, como es de prever, múltiples juegos con la palabra narcotráfico, y así es como surgen otros grandes éxitos del género policial como «vegetación narco», «narcosillas» o «matrimonio narco».

El Estado argentino, como tantos otros Estados, se sigue creyendo el muchachito valiente de una película que perdió sus colores y apenas se oye: la de la guerra contra las drogas.

Para actuar ese papel son capaces de pintarse los pómulos de negro y ajustarse una cinta roja en la frente, tal como lo demuestra la actual ministra Patricia Bullrich animando quemas de droga por televisión o exhibiendo sonriente un pan de cocaína ante los flashes de una prensa que no la cuestiona ni siquiera tras los múltiples casos de gatillo fácil que se cobraron vidas en Argentina en el último tiempo.

«¡COCAíNA, MARIHUANA, PASTILLAS, PACO! Incineramos más de 2200 kilos. Droga de bandas muy pesadas que pusimos tras las rejas como la de «Los Monos», una de las más sangrientas del país», tuiteó Bullrich hace un tiempo, desencajada.

A fines de agosto se cumplieron 10 años de sordera estatal en materia de políticas de drogas. Una década entera en que los tres poderes del Estado desoyen el llamado de la Corte Suprema de Justicia para que, de mínima, dejen de penalizar la tenencia para consumo de sustancias prohibidas. Y de máxima, reformen la Ley de Drogas 23.737 que en septiembre cumple 30 años.

1,1 gramos de marihuana

Para comprender el fallo Arriola hay que volver a un fallo anterior: el Bazterrica. Allí la Corte se aparta de la doctrina para consagrar al artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina. Aquel que preserva las «acciones privadas» de las personas. Sin embargo, durante la década del 90, volvió a penalizar la tenencia para el consumo.

El 19 de enero de 2006, la policía allanó una casa de la ciudad de Rosario por una denuncia de supuesta venta de droga y detuvo a los presentes, que posteriormente fueron condenados a prisión. O sea, arrestaron al dealer, pero también a sus clientes.

Ese mismo día, a unas cuadras de la casa allanada, la policía detuvo a otro grupo de jóvenes que llevaban, cada uno, entre uno y tres cigarrillos de marihuana. Para ser más exactos, y sin contar al supuesto vendedor Sebastián Arriola, los cinco imputados llevaban consigo 13 porros de entre 0,161 y 1,1 gramos.

Sin embargo, el fallo publicado el 25 de agosto de 2009 por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Argentina lleva el nombre de Arriola.

La sentencia que en verdad estudia los casos de Gustavo Alberto Fares, Marcelo Ezequiel Acedo, Mario Alberto Villarreal, Gabriel Alejandro Medina y Leandro Andrés Cortejarena decreta la inconstitucionalidad del artículo 14 (segundo párrafo) de la Ley 23.737.

Con este paso, el máximo Tribunal de Justicia reconoció en un caso particular que el consumo personal de sustancias en el ámbito privado «está exento de la autoridad de los magistrados», como indica el artículo 19 de la Constitución Nacional.

El entonces juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, una figura relacionada con el progresismo, aseguró en su voto que «si cada consumidor tuviera una planta de marihuana en el balcón entonces no habría tráfico».

El entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hombre del conservadurismo y todavía integrante de la Corte, afirmó que «no se trata solo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea».

Hasta Wikipedia dice todavía que «Para 2012, se esperaba una reforma de la ley de estupefacientes». Pero nada de eso pasó. Peor todavía: el Estado se convirtió en un monstruo represivo capaz de cualquier cosa con tal de alimentar a su monstruo de ropero, o sea, el temido narcotráfico. Capaz, incluso, de incinerar hierba pura en CBD.

Diez años después de firmar aquel fallo, el propio Zaffaroni reconoce a Cáñamo que el problema es estructural al sistema: «El control de constitucionalidad argentino es extraordinariamente débil. El único efecto que tiene una declaración de inconstitucionalidad es el de no aplicar la ley inconstitucional al caso que llega a la Corte Suprema. No tenemos el stare decisis norteamericano, de modo que la jurisprudencia de la Corte Suprema no es obligatoria para el resto de los jueces y, por supuesto, la ley inconstitucional sigue vigente».

«Se trata de un defecto institucional gravísimo, que es causa de este como de otros problemas. En síntesis: como cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, su sentencia llegará después de años a la última instancia, que mantendrá su jurisprudencia si no cambió su composición. Tenemos un Estado constitucional de derecho bastante rengo».

Efecto inverso

«La decisión que hoy toma este Tribunal», dice el histórico fallo, «en modo alguno implica ‘legalizar la droga’. No está de más aclarar ello expresamente, pues este pronunciamiento tendrá seguramente repercusión social, por ello debe informar a través de un lenguaje democrático, que pueda ser entendido por todos los habitantes y en el caso por los jóvenes, que son en muchos casos protagonistas de los problemas vinculados con las drogas».

Sin embargo, el diario Clarín, el medio gráfico de mayor tirada del país, publicó en letra de molde al otro día: «Tener marihuana para consumo no es delito». El error de interpretación, voluntario o no, condenó a muchos ingenuos. La temporada posterior al fallo es recordada como una de las más terribles en cuanto a allanamientos y secuestros de plantas, y según cifras del propio ministerio, el mayor salto interanual en relación con las incautaciones de cannabis se produjo entre 2017 y 2018, con un incremento del 40?%.

El Ministerio Público Fiscal dice que entre 2011 y 2016, el 36?% de los casos relacionados con drogas abiertos a nivel federal tenían relación con el consumo personal. Otro informe oficial da cuenta de que desde el 1° de enero de 2016 hasta fines del año pasado el número de implicados en infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes creció un 145?%. Sin embargo, muy pocos son grandes narcotraficantes.

La tendencia es similar en la ciudad de Rosario, lugar donde ocurrió el caso Arriola y cuna de la famosa banda Los Monos. Sí, la misma de aquel tuit de Bullrich. O sea, uno de los clímax de la película. En solo un año la Justicia Federal en Rosario triplicó las causas a personas que tenían poca cantidad de droga encima. En 2017 habían sido 121 y en 2018 fueron 399. En paralelo, bajaron a la mitad las que investigan a quienes trafican, de las 1152 en 2017 a las 571 en 2018, según un informe de la Procuraduría General de la Nación.

«El 90?% de los casos federales son por droga»

Aquel 25 de agosto también fue especial para Matilde Bruera, por ese entonces defensora oficial. La mujer y sus colegas enseguida pidieron la nulidad de los juicios a consumidores que habían sido detenidos en Rosario y los jueces aceptaron. Pasó todavía más. Dejaron de forzar las probation a quienes eran enjuiciados, donde les hacían elegir una tarea comunitaria para que le desapareciera el antecedente.

«Es al calor de esta ley y de esta mano dura que el narcotráfico se ha expandido en Argentina», dice en diálogo con Cáñamo. La del gobierno actual «es una política hipócrita, porque tiene un discurso de supuesto endurecimiento contra el narcotráfico y sin embargo las estadísticas señalan que es al revés. Han bajado las causas de investigación de narcotráfico y se han acrecentado las causas de consumidores o de poca cantidad de droga», indica la mujer que fue defensora oficial desde 2004 a 2016.

«No sé cuántos atendí, pero el 90?% de los casos federales son por droga», resume Bruera. «La particularidad general que tienen es que suelen ser causas de consumidores o pequeños dealers, como se le dice al narcomenudeo. La calificación de casi todas las causas es tenencia para el comercio, pero casi nunca se prueba el comercio».

El Poder Ejecutivo ya envió al Congreso el borrador de lo que será el nuevo Código Penal y que, discusión mediante, prevé prisión de uno a seis años al que tuviere en su poder estupefacientes, y un mes a dos años si por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere que la tenencia es para uso personal. Pero además aclara que «esta conducta no será punible si la tenencia no hubiere trascendido el ámbito de la privacidad».

Para Bruera el proyecto «es muy malo, porque se atiende el fallo Arriola pero limita mucho su interpretación, ya que especifica qué es siempre que no trascienda a terceros, pero queda el debate de qué significa eso. Además lo aclara innecesariamente porque ninguna conducta que trascienda a terceros es delito. Mueven el debate que antes era por la cantidad al de la privacidad. Es bueno que reconozca a Arriola, pero lo parcializa».

«Visitar y mantener un preso es un presupuesto para las familias, pero también hay un daño social», recuerda la mujer. «Hay dos situaciones distintas. Si es un chico joven en libertad queda estigmatizado durante un tiempo si no se declara la inconstitucionalidad de la ley. Si es una persona que tiene que estar presa, eso le destruye toda su vida. Pierde el trabajo, la inserción social, los vínculos familiares, y se introduce en un ámbito donde el consumo es más problemático que afuera».

«Para el Estado es un derroche presupuestario, lo que gasta el sistema penal inútilmente solamente para probar el aumento del narcotráfico, podría despenalizar la tenencia para consumo y reorientar el gasto presupuestario para la investigación y persecución del lavado de dinero. Del gran narcotráfico y los efectos de este, el blanqueo de dinero ilícito y las inversiones que genera».

Hace 10 años que miles de familias de Argentina se endeudan para pagar abogados porque un policía encontró marihuana en el bolsillo de uno de los hijos. También hace 10 años que el propio Estado derrocha millones de dólares en mantener este laberinto jurídico que lo limpia de culpas; que lo hace ver fuerte y vigoroso, para poder conseguir así más papeles de muchachito bravo en películas decadentes.