El Ministerio del Interior y Seguridad Pública entregó su informe anual sobre detenidos por infracción a la ley de drogas correspondientes al año 2016 y las cifras no son nada alentadoras. Las decenas de miles de detenidos solo vienen a confirmar la escasa o nula voluntad política del gobierno de la Nueva Mayoría por implementar cambios reales en materia de política de drogas y de persecución penal contra los usuarios diluyendo, de pasada, cualquiera de los pocos guiños que ha hecho para la galería en estas materias. Pero peor aún, si las malas cifras del 2016 las analizamos a la luz de los resultados de los dos años anteriores y los de su primer gobierno, nada de lo que pueda hacer en los doce meses que le quedan al mando del país, lograrán mitigar su triste legado en materia de la violaciones de los derechos ciudadanos, civiles y humanos que afectaron a centenares de miles de compatriotas que fueron detenidos, simplemente, por tener consigo alguna sustancia para uso personal, por haber sido sorprendido consumiéndola en la vía publica o por haberla cultivado.
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