Escribimos esta editorial a exactos 60 días del 18/10, día uno del estallido social. Como ocurre con todo parto, este ha sido un tiempo hermosamente angustiante, aunque aquí no hubo nueve meses de espera ni preparación.
Más allá del consenso que hoy existe sobre las causas de la crisis –la profunda desigualdad social, económica y política generada por el actual modelo de “desarrollo” chileno–, aún cuesta armar el rompecabezas completo. Una de las razones es la fragmentación que arrastra nuestra sociedad producto de años de esa misma desigualdad, fragmentación que de pronto emerge y se visibiliza paradojalmente unida, pero solo –o casi solo– en la bronca y la rabia.
A estas alturas, varios e importantes actores han mostrado sus cartas. En primer lugar, las élites económico-políticas, que definitivamente parecen no querer desprenderse de sus privilegios y cierran filas con un gobierno que es tan funcional a sus intereses como errático e inepto a la hora de dar respuestas a las demandas ciudadanas. A eso se suma una clase política que no ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias, dificultad dramáticamente evidente en el caso de la izquierda que, habiendo soñado por años con esta “primavera chilena”, hoy por hoy ni siquiera puede salir a la calle a agitar sus banderas y entre tanto derrocha sus energías extraviándose en los caminos de la división.
Una muestra palmaria de la incapacidad de los actores institucionales del sistema (o quizás más bien de su falta de voluntad política) para generar vías de solución a la actual contingencia es el hecho de que, pese a las brutales violaciones a los derechos humanos que se han producido en el país, principalmente a manos de Carabineros, el Director General de la policía uniformada siga ejerciendo el cargo. ¡Impresentable!
Lamentablemente, la ciudadanía, que ha sido el motor –inorgánico pero motor al fin– de este proceso, sin el cual nada de lo que está pasando sería posible, se ha llevado una vez más la peor parte: muertos, mutilados, saqueos a mansalva, pérdida de empleos, destrucción de bienes de uso público, etc. Otro problema –también delicado, aunque esperable–, que atañe a los ciudadanos es que, a pesar del notable aumento de su nivel de conciencia política producido al calor de las movilizaciones, sigue siendo excluido de los espacios donde se definen las reglas del juego, cuestión que, evidentemente favorece a las élites.
Muestra de lo anterior son los resultados de la consulta municipal ciudadana que se realizó en diciembre. Si bien hubo una gran participación –2.5 millones de votantes–, en consideración a la importancia y el contexto en que surge la consulta, a los más de 5 días que se prolongó el proceso, a la inclusión en el “padrón” de los mayores de 14 años y, muy especialmente, a la implementación del voto “on-line”, se trata de una cifra que no supera el 20% del universo de votantes potenciales. Vanagloriarse de aquello a partir de la comparación con niveles de participación en procesos electorales anteriores es peligrosamente miope; el dato, entonces, más que iluminar el porvenir, abre una serie de interrogantes.
Dejando a un lado las increíbles imágenes de concentraciones multitudinarias y la dimensión épica del movimiento, convendría asumir que de ser cierta la consigna “Chile despertó” –cuestión al menos discutible que daría para escribir otra editorial–, ese despertar ocurrió al descampado, en medio de una noche fría y oscura.
Ahora bien, ¿y la política de drogas?, ¿y el cannabis? Bueno, dado el estancamiento del debate que se viene dando desde hace algún tiempo, salvo en lo que respecta al uso medicinal del cannabis –que, en todo caso, también ha sido golpeado con dureza por el gobierno en el último año–, tampoco era esperable un avance sustantivo en estas materias durante la presente coyuntura.
El panorama es el siguiente: en cuanto al plano estructural, esto es, la política de drogas, ni siquiera ha habido una mención: simplemente no es tema; respecto del cannabis, lo más destacable es el esfuerzo de un@s poco@s que se organizaron con bastante rapidez en la “coordinadora cannábica”, con el propósito de promover y activar cabildos ciudadanos en los que la propia comunidad pudiera concebir y articular de mejor manera un nicho que, salvo por la defensa genérica del uso relacionado a fines diversos, muestra aún insuficientes niveles de identidad y proyección.
Esta carencia se expresa, por ejemplo, en que aún no hemos sido capaces de producir un razonamiento que valide y conecte de manera clara y directa nuestra temática con el contexto de movilización social en curso. Ha faltado construir, difundir y legitimar por qué, cómo y cuándo hay que avanzar en estas demandas. Ha hecho falta también un quién que se eche al hombro la tarea.
No queremos dar la sensación de que nos invade el pesimismo, al contrario, creemos fielmente eso de que nunca es más oscuro que antes del amanecer. Esperamos que este sea el caso, pues tal como puso alguien en un cartel que vimos por ahí “Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero es verdad”.
Sincerarnos como país es un buen punto de partida y aunque el futuro sea incierto, a la fecha esa incertidumbre es quizás la mayor ganancia de este proceso. El juego está abierto como hace décadas no ocurría; ahora hay que saber jugar y jugar bien.
Archivos Cáñamo. Fecha original de publicación diciembre de 2019, edición especial.
